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Fue presentado en la Legislatura de la Ciudad

Un proyecto de ley que busca mejorar las condiciones de acceso al alquiler de viviendas y prevé la eximición total a los inquilinos del pago de comisiones ingresó esta semana a la Legislatura porteña para su tratamiento. El texto lleva el respaldo de organizaciones como el CELS y del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad.

La iniciativa, que fue presentada por la agrupación Inquilinos Agrupados y respaldada por la legisladora peronista María Rosa Muiños, se focaliza “en las barreras de ingreso al alquiler, y es un aporte colectivo para generar condiciones más justas en la relación entre locador y locatario y para garantizar una mayor protección estatal de los inquilinos frente al abuso del mercado inmobiliario”, precisó el Ministerio Público de la Defensa porteño.

Entre las principales propuestas figura la eximición total a inquilinos del pago de comisiones inmobiliarias y establece un tope del 4,15% del monto total del contrato sobre la que se cobre a los propietarios.

Propone la creación de oficinas de asesoramiento y atención al público en cada comuna, que a su vez certificarán en forma gratuita las firmas de los contratos de alquiler.

Además, prevé que se entreguen en forma gratuita los informes de dominio que se soliciten para la celebración de contratos de locación.

Según datos oficiales de 2015, más del 35% de los hogares porteños es inquilino, porcentaje que hace 15 años alcanzaba los 22 puntos.

Para los inquilinos que trabajan en el Estado de la Ciudad, el texto propone implementar un“Sistema de Pago Asegurado”, por el que podrán optar en reemplazo de la garantíapropietaria quienes suscriban contratos de alquiler, que, sostienen, asegura más eficazmente el cobro a los propietarios, al mismo tiempo que facilita el acceso a la vivienda a los inquilinos.

Al mismo tiempo, se prevé que este sistema pueda extenderse a inquilinos en relación de dependencia en el Estado de la Ciudad, así como de empresas privadas, y se dispone la creación de un sistema alternativo que permita que los trabajadores informales y monotributistas el acceso a garantías que les permitan alquiler.

No discriminación

En tanto, establece que las negativas a alquilar un inmueble por factores como etnia, nacionalidad, religión, sexo, ocupación, composición familiar, y la exigencia de que las garantías sean de un familiar directo son “actos discriminatorios” en el marco de las leyes locales y nacionales que los sancionan (ley 5.261 y ley 23.592).

Por último, se propone un contrato modelo de alquiler de referencia, que elimina las cláusulas abusivas en perjuicio de los inquilinos que suelen incluir los contratos tipo que proponen las inmobiliarias, y se incluye la obligación del Poder Ejecutivo de establecer un sistema de difusión e incentivos para que este modelo sea utilizado, así como una campaña masiva sobre derechos del inquilino.

Entre las organizaciones que respaldan el proyecto figura la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), La Boca Resiste y Propone, La Asociación Civil Inquilinos Agrupados, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad y la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

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